Una pareja de Meriden fue sentenciada a libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución después de defraudar al programa Medicaid por más de $5,000 al facturar por servicios que no realizaron.
Eugenio Ortiz, de 40 años, y María Pérez, de 41, enfrentaron sentencia cada uno en el Tribunal Superior de Meriden el 13 de marzo y recibieron tres años de libertad condicional, según el Departamento de Justicia Penal del estado. Mientras estén en libertad condicional, cada uno de ellos estará expuesto a tres años de prisión si violan alguna de las condiciones, dijo el departamento.
Según funcionarios del poder judicial, Ortiz y Pérez estaban inscritos como proveedores en el Programa de Asistentes Médicos de Connecticut como Asistentes de Cuidado Personal. El programa, operado por el Departamento de Servicios Sociales, ayuda a las personas mayores y a personas con discapacidades que pueden vivir de forma independiente en casa. El programa ofrece a las personas una alternativa a vivir en una institución.
Una investigación realizada por la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid encontró que, entre enero y junio de 2020, Ortiz y Pérez estaban presentando hojas de tiempo para pagos de servicios de PCA supuestamente proporcionados por Ortiz, dijeron los funcionarios. Las autoridades se enteraron de que Ortiz estaba encarcelado en ese momento por una condena penal no relacionada y no podría haber prestado ningún servicio.
Según las autoridades, la investigación reveló que Pérez estaba presentando las hojas de tiempo que Ortiz había firmado antes de ir a prisión. Durante el plan, los dos recibieron alrededor de $5,300 por servicios que nunca fueron brindados, dijeron los funcionarios.
Ortiz y Pérez enfrentaron sentencia después de que cada uno se declaró culpable en diciembre de un cargo de hurto en primer grado por defraudar a una comunidad pública y fraude al seguro médico.
Según funcionarios judiciales, a la pareja se le ha ordenado pagar unos 2,600 dólares en restitución mientras se encontraban en libertad condicional, después de haber pagado ya unos 2,700 dólares. También se les ordenó no actuar como proveedores en el programa Medicaid. Fuente: Hartford Courant.
