El Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción (PRECO), creado por ley en 2019 con la encomienda de desarrollar mejores formas de fiscalización y fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, opera sin presupuesto.
Su presidente y también director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, informó que presentó una petición de presupuesto adicional a la Junta de Control Fiscal (JCF), pero fue denegada.
“Solicitamos que el dinero de las multas que recaudamos se quede en la Oficina de Ética, y esos fondos adicionales podrían tener una utilidad, ya sea para la oficina o para PRECO. Y la respuesta de entrada fue no, porque había que identificar qué sustituiría eso del fondo general. O sea que hemos hecho intentos”, aseguró.
PRECO se constituyó en 2019, luego de que el entonces gobernador Ricardo Rosselló convirtiera en ley el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2-2018).
Dicho grupo, liderado por el director de la OEG, está compuesto por la contralora de Puerto Rico; la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI); la secretaria de Justicia; el secretario de Hacienda; la inspectora general; el superintendente de la Policía; y un miembro “invitado por el presidente”, que en este caso es el contralor electoral.
Según el estatuto, las funciones de PRECO incluyen la coordinación, comunicación y cooperación interagencial “en todos los esfuerzos anticorrupción”; colaborar con la OEG en “todo esfuerzo dirigido a prevenir y erradicar la corrupción”; y mejorar la habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción.
Una campaña desde 2019
Según Pérez Vargas, el grupo que se reúne cada cuatro meses, produjo en 2020 y con fondos de la OEG, la campaña “Se buscan corruptos”.
“Todo lo que hemos hecho, incluso los asuntos que se hicieron bajo PRECO, la campaña anterior, lo que haga falta incurrir, prácticamente lo asume la Oficina de Ética. No hay presupuesto. La campaña la costeó la oficina con fondos propios y las reuniones de ordinario se hacen en la oficina de Ética, aunque volveremos a circularlas por agencias”, explicó Pérez Vargas en entrevista con El Vocero.
Pérez Vargas indicó que, para dicha campaña, se utilizaron aproximadamente $300,000 de una partida de educación de la OEG, para orientar a la ciudadanía sobre la existencia de PRECO y una página web para someter denuncias en línea por alegaciones de corrupción.
Agregó que “esa dinámica de buscar la prevención se trabaja, pero cada cual lo asume con sus propios recursos” y desde sus propias agencias.
No obstante, aseguró que, en ocasiones, unen esfuerzos “para llevar el mismo mensaje”, como ocurrió el año pasado que la OEG, la inspectora general y el Negociado de Investigaciones Federal (FBI, en inglés) ofrecieron adiestramientos en conjunto a funcionarios recién electos.
Pérez Vargas enfatizó que, aunque PRECO comparte información sobre referidos o investigaciones en curso, no investigan al unísono ni atienden asuntos “como grupo per se”.
“Por eso es que la ley menciona que nada de lo aquí dispuesto autoriza a interferir en procesos en curso que atienden otras agencias”, aclaró.
“Sí aportamos, ya sea en informes financieros, con alguna investigación previa que se haya hecho, algún asunto que haya traído alguien a la oficina, con un testigo que en algún momento se manifestó. Ahí es que se da la colaboración interagencial. Pero el procesamiento no se da bajo PRECO, se da bajo cada agencia en particular. Lo que la ley permite es la coordinación y comunicación”, explicó.
La ley también permite al grupo invitar a sus reuniones al fiscal a cargo de la oficina de Puerto Rico del Departamento de Justicia Federal y al agente especial a cargo de la oficina de Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Enmienda reciente
De igual manera, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una enmienda a la ley en julio del año pasado para autorizar a PRECO a paralizar “los términos investigativos en los procesos de naturaleza administrativa” mientras se investiga una alegación criminal “para evitar la duplicidad de esfuerzos gubernamentales y prevenir la impunidad”.
“En un pasado podría verse que, si los términos corrían a la par, las leyes nuestras tienen unos términos para investigar, y sabemos que las investigaciones criminales, en el proceso ordinario, no tienen fecha de terminación. Pero, si estaban paralelos (la investigación criminal y la administrativa), se perdía la oportunidad de, al menos, tener una pena administrativa si no estaba esta enmienda a la ley”, indicó el funcionario sobre lo que entiende es “un punto importante” que introdujo esa enmienda y surgió de PRECO.
Por otro lado, en Cámara y Senado se aprobó el proyecto PS0921 para incluir como miembro permanente de PRECO al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y ampliar las funciones del grupo.
La propuesta promueve la inclusión de “tres ejes estratégicos clave: el formular y promover iniciativas de política pública orientadas a la lucha contra la corrupción, con un énfasis en la prevención y en la gestión de áreas identificadas como vulnerables”.
“Estas funciones permitirán al grupo pasar de ser un ente consultivo para convertirse en un cuerpo técnico-estratégico, con la capacidad de formular recomendaciones fundamentadas en evidencia empírica, identificar vulnerabilidades sistémicas en procesos gubernamentales y anticipar tendencias corruptas mediante el análisis coordinado de datos”, se anticipó.
Según la página del Sistema Único de Trámite Legislativo, la medida no ha sido enviada a Fortaleza para la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón. Fuente: El Vocero
