Nuevo golpe a la política migratoria de mano dura de Donald Trump.
Este viernes 29 de agosto, un tribunal de apelaciones dictaminó que el Gobierno de Trump, actuó probablemente de manera ilegal al revocar las protecciones temporales contra la deportación otorgadas a 600.000 personas de Venezuela que vivían en Estados Unidos durante el mandato del expresidente demócrata, Joe Bien.
Puntualmente, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito estadounidense con sede en San Francisco, confirmó que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, probablemente carecía de autoridad para cancelar la decisión del entonces mandatario Joe Biden de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos elegibles, ya que la ley vigente, redactada por el Congreso, no lo permitía.
“Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral”, indicó la jueza Kim Wardlaw, nominada por el presidente demócrata Bill Clinton, para el panel.
Los otros dos compañeros de Wardlaw también fueron nominados por presidentes demócratas.
Tras la decisión del Tribunal, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó la medida de la Corte como otra obstrucción por parte de jueces “activistas no electos”.
“Durante décadas, el programa TPS ha sido abusado, explotado y politizado como un programa de amnistía de facto”, reza la declaración del funcionario en un correo electrónico.
“Si bien esta orden judicial retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema de inmigración, la secretaria Noem utilizará todas las vías legales a disposición del Departamento para poner fin a este caos y priorizar la seguridad de los estadounidenses”, agrega el portavoz.
Una victoria parcial para los migrantes
La decisión de este viernes llega luego de que un grupo de varios venezolanos y la Alianza Nacional TPS presentara una demanda contra la medida de la Administración republicana.
Estos grupos cuestionaron la decisión de Noem del pasado 3 de febrero de anular la decisión que el Departamento de Seguridad Nacional había tomado en los últimos días del Gobierno Biden para extender el programa hasta octubre de 2026. Una medida que, según la actual secretaria de Seguridad Nacional, estaba justificada en función de las “mejoras notables” en las condiciones actuales de Venezuela.
En ese sentido, Wardlaw dijo que la acción de Noem era incompatible con el estatuto que rige el Estatus de Protección Temporal, que el Congreso pretendía que fuera “predecible, confiable y aislado de la política electoral”.
La jueza del panel agregó que, en consecuencia de la movida republicana, los venezolanos “se enfrentaron repentinamente al temor de perder prematuramente su estatus en cuestión de semanas o meses”.
En conjunto, los tres jueces de apelación aseguraron que los plazos garantizados eran fundamentales para que las personas pudieran conseguir un empleo, encontrar vivienda a largo plazo y construir estabilidad sin temor a cambios en la realidad política.
Cientos de miles de venezolanos en vilo
El Congreso de Estados Unidos autorizó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990. El estatus le permite al secretario o secretaria de Seguridad Nacional en funciones otorgar estatus migratorio legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden un regreso seguro a sus naciones de origen.
Los plazos pueden ser de seis, 12 y 18 meses.
Aún no es claro qué efecto va a tener el fallo de este viernes en los cerca de 350.000 venezolanos del grupo de 600.000 y cuyos TPS expiraron en abril; sus abogados afirman que algunos ya han sido despedidos, detenidos en cárceles de migración, separados de sus hijos –algunos ciudadanos estadounidenses– o incluso deportados. Fuente: France 24
