A pesar de que la Ley Electoral dispone que los reglamentos de las elecciones deben estar aprobados seis meses antes del día de la votación, los comisionados electorales confirmaron que, a 53 días de los comicios, son varias las controversias que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, tiene que resolver.
Aunque Padilla Rivera sostuvo, en una conferencia de prensa la semana pasada, que evaluaba un desacuerdo del Reglamento de Elecciones Generales y que los asuntos que inciden con los trabajos se solventaron con “instrucciones puntuales y directas”, el comisionado electoral por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Aponte Berríos, señaló que la falta de determinación de la presidenta interina dificulta delimitar cuáles son las reglas que se deben seguir.
Mientras que el artículo 3.2 del Código Electoral de 2020 estipula que todos los reglamentos “para todas las votaciones y sus papeletas” deben aprobarse a no más tardar de seis meses antes de la elección general, el artículo 3.4(4) establece que el presidente debe resolver los desacuerdos dentro de los 10 días de la falta de unanimidad, cuestión que algunos comisionados electorales señalaron tampoco ha ocurrido.
“Ella ha tenido muchas controversias que resolver en estos días, (y) las viene resolviendo. Pero, honestamente, de tantas controversias que tiene ese reglamento… Estamos esperando a ver si, dentro de las (controversias) que tiene (pendiente), está la (que establece) de dónde van a ser los funcionarios de colegio. Esa es la otra controversia que yo estoy esperando que ya se resuelva. O sea, si tú puedes traer el funcionario del Colegio de Ponce o de Mayagüez para trabajar en San Juan. Nosotros nos estamos oponiendo a eso”, explicó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, en entrevista con El Vocero.
La comisionada electoral por MVC, Lillian Aponte Dones, también mencionó que, entre los desacuerdos pendientes por resolver por parte de la presidenta alterna está el autorizar el uso o no de identificaciones estadounidenses para registrarse el día del evento electoral y en qué fecha comenzará el escrutinio.
“Hay varios (desacuerdos), esos son de los que yo me acuerdo porque eran nuestros”, acotó Aponte Dones, quien además informó que las controversias están ante la atención de la presidenta interina de la CEE hace aproximadamente un mes.
Mientras que el comisionado electoral por Proyecto Dignidad, el licenciado Juan Frontera Suau, no pudo precisar cuáles son los desacuerdos pendientes, subrayó que “no es uno solo. Yo entiendo que son de tres a cuatro”.
“En el caso del voto adelantado, el código electoral dispone que, cuando tú vayas a entregar las papeletas ya votadas, en el sobre pongas una fotocopia de la tarjeta electoral, licencia de conducir o pasaporte. En el caso del voto ausente no lo exige y eso falta decidirlo”, indicó, por su parte, Aponte Berríos.
Falta de transparencia en acceso a información
Según datos provistos por la CEE, hasta el viernes, 6 de septiembre, el ente electoral tenía unas 18,273 solicitudes de voto adelantado y voto ausente grabadas en el sistema de las Juntas Administrativas de Voto Adelantado y Voto Ausente (Javaa). Restaban por grabar, además, unas 6,084 solicitudes adicionales recibidas en las Javaa y mediante correo electrónico o postal.
Los datos no incluyen las solicitudes entregadas en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) o las sometidas a través del Registro Electrónico de Electores (eRE), confirmó la portavoz de prensa de la CEE, Gisela Ayala.
“No tenemos acceso real a la cantidad de solicitudes que se han recibido… Hasta ahora se nos ha estado informando de las solicitudes que están siendo grabadas por el sistema, pero no las que faltan por grabar… Para nosotros poder hacer un análisis claro y tomar decisiones a tiempo, esa información es importantísima”, declaró el comisionado electoral de PD, quien indicó ha solicitado la información desde que inició el periodo para solicitar el voto adelantado.
Asimismo, los comisionados electorales por la Alianza de País se hicieron eco de las expresiones de Frontera Suau, señalando que llevan varias semanas exigiendo a la CEE que les hagan entrega de los informes sobre las solicitudes de voto adelantado.
“Que a estas alturas la presidenta no pueda decir cuántas solicitudes de voto adelantado hay y que solo es el PNP quien lo puede hacer presenta evidentemente un problema de transparencia. La información que nosotros estamos requiriendo es precisamente para hacer nuestro trabajo como entes de la Comisión Estatal de Elecciones… y lo que estamos encontrando es barrera tras barrera para acceder a información”, declaró Aponte Dones, quien denunció ayer que la CEE negó entregarle los informes por un supuesto reparo del comisionado electoral del PNP. Fuente: El Vocero.
