Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, participó en el allanamiento realizado ayer
Tras la orden ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión, firmada por el presidente Donald Trump, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan no ha dejado de recibir confidencias sobre casos de personas con estatus migratorio no definido, confirmó Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de esta dependencia federal.
“Todo el tiempo (son) confidencias y desde que se firmó la orden ejecutiva, están los teléfonos sonando con información de todo tipo de delitos de inmigración”, señaló González Ramos a El Vocero.
Dijo que “se está investigando todo, se están canalizando (las confidencias) y continuamos trabajando”.
Fue una de esas confidencias la que llevó a las autoridades federales a solicitar una orden de allanamiento en contra del negocio Music Wave Events and Rentals, ubicado en Cupey, tras aparente explotación laboral de personas con estatus migratorio no definido.
El allanamiento fue realizado ayer y la funcionaria federal explicó a este medio que están “buscando documentos, evidencia digital cualquier tipo de evidencia que pueda probar de que esta compañía se involucraba en darle empleo a personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos y no les compensaba adecuadamente lo que provee la ley a cambio de ese trabajo”.
Según la agente especial, la información llegó a través del “ICE tip form”, una ventana disponible a la ciudadanía para denunciar delitos. Asimismo, destacó que los dueños de la empresa que brinda alquileres de carpas, sillas, mesas, manteles, entre otros misceláneos, están “super colaboradores”.
De esta manera, González Ramos evidenció que las confidencias llegan sobre diferentes asuntos, aunque en este momento una parte significativa se relacionan con el tema migratorio.
Según datos del HSI, desde que inició la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Puerto Rico se han arrestado 107 personas, de las cuales 25 han sido procesadas por reingreso al país. Las personas detenidas provienen de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México, República de China, Dominica, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón.
González Ramos exhortó a las personas a colaborar con las autoridades con la información que puedan brindar. Y en el caso del negocio allanado ayer, dijo: “Invito a todas las personas que tengan algún tipo de información que tiene que ver con explotación laboral y esta compañía, o cualquier otra compañía, a que se comuniquen al (787) 729-6969 y nos brinden esa información”.
“Realmente me preocupa, pero nosotros tenemos que ser gente de ley y orden y tenemos que asegurarnos que en nuestro país nosotros demos el ejemplo. Lo que sí me preocupa es que cojan personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos y en base a eso, le den una compensación y eso es explotación”, recalcó.
Explicó que es importante establecer que las personas que no tienen autorización de empleo en Estados Unidos y sus jurisdicciones, no pueden trabajar. “Para darle empleo a una persona que no tenga un estatus migratorio definido, tienen que tener una autorización de empleo. Hay unos pasos a tomar”, sostuvo González Ramos y añadió que la agencia federal brinda talleres a empresas para manejar este tipo de procedimientos.
El allanamiento
Como parte del allanamiento, los agentes de HSI incautaron sobre 17 cajas de evidencia en el establecimiento, que según González es material “que puede servir de evidencia para confirmar la razón por la cual estamos aquí”.
Este medio supo que se detuvieron a otras cuatro personas, que no son empleados, pero que estaban cerca del almacén. Al momento del allanamiento, había sobre 10 empleados en el local.
Este medio solicitó expresiones a Jason González, abogado de Music Wave, pero comunicó que no harán expresiones.
Reaccionan líderes comunitarios
Por su parte, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez destacó que “los catorce millones de inmigrantes sin estatus regularizado que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico son explotados. No le pagan ni seguro médico, ni desempleo, ni seguro social y le pagan poco por la labor que hacen… por la misma situación migratoria en la que están”, indicó Rodríguez.
Asimismo, recalcó que estas intervenciones han provocado que la gente no vaya a trabajar.
El activista reveló a este medio que los próximos días se reunirá con González Ramos para dialogar sobre los recientes operativos. A su vez, se mostró preocupado porque “esto va a seguir”.
El presidente del comité recalcó que a diario recibe un sinnúmero de llamadas y mensajes de ciudadanos que expresan su miedo para realizar sus labores.
“Ya nos han llamado varias personas en el día de hoy (ayer), que tienen una situación mental precaria, de desesperación total, porque no puedes trabajar, no puedes generar ingresos para enviarle a tu familia allá y tú no puedes sufragar tus gastos aquí, de comida, de renta de transporte, eso te crea una crisis y sabemos que muchas personas que están desempleada le sucede, pero están desempleados por su estatus, y porque temen salir a la calle, sólo está creando un estado de ansiedad”, manifestó Rodríguez.
Igualmente, el portavoz de la Comunidad Haitiana en Puerto Rico, Leonard Prophil, hizo hincapié en que esta situación de contratación a inmigrantes con una paga desigual ha incrementado desde hace unos años.
“Hay mucho patrón también de mucho empresario contratando inmigrantes para explotarlos para pagarle menos a esa persona entonces pasa esta situación, pues entonces entre ellos mismos se dan cuenta de lo que le están pagando, que no es un sueldo real, pues entonces de ahí se hace una denuncia. Hay mucho patrón, hace tiempo que están abusando de mucha inmigrante aquí en Puerto Rico, especialmente a la persona que son recién llegada”, sostuvo Prophil.
Además, hizo un llamado a las autoridades para que “por favor tengan misericordia de toda esa persona, especialmente (de) la comunidad haitiana que salen de Haití por la situación de la inseguridad del secuestro, todas esas situaciones para buscar una vida mejor que tengan misericordia de esa comunidad, también de los inmigrantes”.
“Mucho inmigrante tiene miedo a salir para ir a trabajar. Yo conozco personas que tiene restaurante y tienen que cerrar. Por ejemplo, en el día de ayer hay un señor que vendió solamente tres almuerzos, nada más. Igualmente, inmigrantes que tiene miedo de salir al hospital, personas que están súper enfermo, con enfermedades bien delicadas y no quieren salir”, añadió.
El activista puntualizó en que le preocupa que este tipo de intervenciones.
En las intervenciones de HSI colaboran agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Guardia Costera y el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), entre otras agencias federales. Fuente: El Vocero
